La crisis actual del COVID 19 si bien es cierto que provoca incertidumbre en varios aspectos, a largo plazo no tendría que suponer un gran inconveniente para el sector de la construcción. Por lo que la crisis actual solo debería afectar de manera transitoria a las megatendencias que impulsarán en los próximos años la inversión mundial en infraestructuras:
- Las relacionadas con la población.
- La necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en materia de agua, medioambiente, sanidad y educación.
- La descarbonización de la economía.
- La adaptación a las nuevas tecnologías.
Con todas estas necesidades en cuenta, casi dos tercios de la inversión en infraestructuras de la próxima década se centrará en los países emergentes. Aunque los países más desarrollados también deben invertir para mejorar la competitividad, afrontar la demanda creciente y sostener el desarrollo económico.
El dilema que podría dar carpetazo a todas estas expectativas reside en el impacto de la crisis sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, en el caso de España la elevada deuda pública sobre el PIB requerirá de mayores fondos para el pago de intereses de la deuda. Al igual que el aumento del paro implicará un incremento de las prestaciones por desempleo, el envejecimiento de la población presionará al alza los pagos por pensiones y el gasto en Sanidad y necesitaremos un mayor gasto público con el que apoyar a determinados sectores empresariales especialmente afectados por la crisis.
La relación del sector público con el privado en la construcción
Si queremos canalizar la inversión en infraestructuras a un coste asumible la extraordinaria liquidez que sigue existiendo a nivel global, la colaboración del sector privado con el público debe ser un instrumento obligatorio. Pero para que ello suceda en nuestro país se debe aplicar un marco regulatorio más claro y predecible que garantice: la planificación óptima de las infraestructuras, la seguridad jurídica, un retorno razonable para la inversión privada, una adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el privado y un control y seguimiento adecuado de las inversiones.
También debemos tener en cuenta que la baja rentabilidad que vive el sector de la construcción es consecuencia de las actuales dinámicas competitivas del sector de la construcción. A lo que le debemos sumar un endeudamiento que en los últimos años no hace más que aumentar. De forma que el sector puede plantearse una reconversión de la industria mediante la aplicación de nuevas tecnologías y la mejora de la eficiencia en las operaciones.
Esta ganancia en eficiencia también debe estar acompañada de una mejora en el control de los riesgos de los procesos de licitación y asegurar una adecuada distribución de los riesgos entre cliente y constructor.
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