Juzgado suspende obras del tren interurbano en tramo de Ocoyoacac
TOLUCA, Edomex. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales concedió la suspensión de plano de la obra del tren interurbano México-Toluca en un tramo de alrededor de cuatro kilómetros que afecta la comunidad de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac.
Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los pobladores, recordó que desde hace un par de años éstos interpusieron una demanda para garantizar que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, encabezada por Guillermo Nevares Elizondo, no afectara los manantiales de la zona, que abastecen a alrededor de 10 mil personas.
No obstante, durante un recorrido de la reportera, la semana pasada se constató que ya existen afectaciones y que las obras pretenden ocupar un tramo que no se incluía en el proyecto original, todo ello sin avisar ni consultar a la comunidad.
Como resultado de la demanda 109/2018, el lunes 22 el referido juzgado ordenó la suspensión de plano de la obra en el tramo que va desde el paraje conocido como El Portezuelo a la desviación a Chalma.
Pérez Alvarado explicó que la zona es pantanosa, de humedales, y que las normas ambientales mexicanas le dan prioridad a su protección por su rica biodiversidad, además de que ahí brotan manantiales que, de ser perforados, se quedarían sin agua, igual que la comunidad, que depende de ella para sus cultivos.
Otro problema, a decir del abogado, radica en que el proyecto de tren que presentaron las autoridades establecía que la obra se construiría con pilotes y sería elevada, pero se están cavando taludes de 10 a 20 metros de profundidad a la altura del kilómetro 34+600, con lo que se afectan los mantos acuíferos y los pasos ancestrales de la comunidad y de la fauna.
Los comuneros exigen que la empresa ferroviaria corrija esos errores, que la construcción se apegue al proyecto original y se respeten los usos y costumbres locales, además de transparentar los trabajos y la inversión.
Finalmente, el litigante indicó que ya se cubrieron las indemnizaciones, pero con precios diferenciados e injustos, pues mientras a los comuneros se les pagan 900 pesos por metro cuadrado, quienes tienen relaciones políticas reciben hasta 2 mil pesos.
Al respecto, Marcelino Narváez de la O, comisario de Bienes Comunales, afirmó que los campesinos montan guardias para garantizar el cumplimiento de la suspensión judicial.